Jornada del Programa de Salud Integrada en la Unidad 50
Batán, 03/07/26.- En la Unidad 50 de Batán, perteneciente al Complejo Penitenciario Este, se llevó a cabo una primera jornada de atención integral de la salud destinadas tanto a mujeres privadas de la libertad como al personal penitenciario.
La actividad desarrollada por el Programa de Salud Integrada fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de profesionales de la Región Sanitaria VIII, quienes desarrollaron acciones de promoción, prevención y cuidado de la salud dentro del establecimiento.
En el marco de esta jornada se realizó una campaña de vacunación que incluyó la aplicación de dosis contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), tétanos, hepatitis, neumonía, vacunas estacionales, refuerzos y otras correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para personas adultas.
Asimismo, se brindó una serie de charlas informativas orientadas a concientizar sobre la importancia de la vacunación, su función en la prevención de enfermedades y los beneficios que aporta a la salud individual y colectiva. También se abordaron aspectos vinculados al autocuidado y a la prevención y control de enfermedades crónicas, tales como hepatitis, diabetes y afecciones respiratorias.
Durante esta primera jornada recibieron distintas vacunas un total de 37 mujeres privadas de la libertad y 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y con la confirmación del director de Unidad, Gerardo Dumerauf, y de la jefa del área dependiente de la Dirección de Salud Penitenciaria, María Ordoñez, la segunda jornada está pautada para mediados del siguiente mes, donde se completará el calendario y se aplicaran segundas dosis para aquellas vacunas que así lo requiere.
Este tipo de acciones reviste especial importancia, ya que fortalece el acceso equitativo a la salud, promueve hábitos saludables y contribuye a la prevención de enfermedades, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y del personal que desempeña funciones en el ámbito penitenciario. Asimismo, evidencia el valor del trabajo coordinado entre organismos del Estado para acercar servicios esenciales a la comunidad y reforzar las políticas públicas de promoción y protección de la salud.
